27 DE FEBRERO EL CARACAZO
A partir de
1970, los índices de pobreza en el país habían crecido de manera
alarmante; la fuerza laboral campesina se redujo a 0% y en sólo tres
años, 600 mil personas emigraron a las ciudades; los trabajadores
informales aumentaron de 34,5%, en 1980, a 53%, en 1999; la clase
obrera industrial disminuyó ante la privatización parcial o total
de sectores como las telecomunicaciones, los puertos, el petróleo,
el acero y las líneas aéreas y se redujo el tamaño de la fuerza
laboral en sitios estratégicos.
El 16 de febrero de 1989, el nuevo presidente de la
República presenta ante el país un programa de ajustes
macroeconómicos, llamado popularmente “paquete económico”, el
cual comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa,
comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios
públicos y política social, que significaron para la población
venezolano un drástico golpe de timón impuesto por el FMI.
El FMI aprobó un préstamo por aproximadamente 4
mil 500 millones de dólares en los siguientes tres años y 21 mil
millones de dólares en los próximos 7 años, multiplicando la deuda
externa por un número indefinido de veces.
El partido Acción Democrática (AD) continuaba en
el poder (en la persona de Carlos Andrés Pérez) y para ese momento
Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la
deuda externa, que representaba un déficit acumulado de 7 mil 376
millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus
reservas internacionales, excluyendo el oro que fue enviado a Londres
un par de días antes de El Caracazo, a fin de abonarle recursos a la
reserva.
Aunado a ello, el déficit público en 1988 alcanza
los 60 mil millones de dólares, equivalente al 7% del Producto
Interno Bruto (PIB). Pese a esto, parte de las medidas económicas en
materia de deuda externa e interna incluía la suspensión de éstos
pagos, tanto de capital como de intereses, hasta el 30 de septiembre
de 1989, es decir, casi el resto del año que trascurría.
La liberalización de los precios de todos los
productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, trajo
como consecuencia el desabastecimiento de los principales productos
de canasta alimentaria. Además, del incremento gradual de las
tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y
gas doméstico.
Entre las exigencias del FMI destacaba un aumento
anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de
productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del
100% en el precio de la gasolina. En este sentido, Pérez dijo que
con esta medida finalizaba el reparto populista de la renta petrolera
puesto que, adicional al aumento, liberó la tasa de cambio del
bolívar, para que “dejará de ser un gran mecanismo de subsidio
que había permitido, hasta ese momento, que el pueblo venezolano
viviera como no podía, es decir, muy por encima de sus
posibilidades”.
El transporte público, también sufrió un
incremento inicial de las tarifas del 30%, situación que generó un
paro del sector el 27 de febrero.
El presidente Pérez se acordó de los trabajadores
al momento de diseñar sus medidas económicas, puesto que los
sueldos también experimentaron un ligero incremento.
Específicamente, en la administración pública central alcanzaron
un aumento entre el 5 y el 30%, y el salario mínimo apenas llegó a
4 mil bolívares en el área urbana y a 2 mil 500 bolívares en el
área rural, aumentos que ni siquiera se comparaban con brusca subida
de precios.
La decisión la toma el Pérez pese a que la
ministra de Trabajo, Marisela Padrón, había adelantado la
imposibilidad de un aumento salarial.
Otra acción que dejó de lado a la clase media fue
la racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la
importación, así como la liberación de las tasas de interés
activas y pasivas en todo el sistema financiero, hasta un tope
temporal fijado en alrededor del 30%.
Todas estas medidas, a excepción de la última,
eran de aplicación inmediata. El alza en el precio de la gasolina se
hizo efectiva a partir del 26 de febrero de ese año y el incremento
de las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del
27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los
cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Esperando la liberación de los precios, los
industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos
de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional
de los dos primeros meses del ‘89 destacaban la ausencia de leche,
café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de
los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país.
“Cinco horas para comprar dos potes de leche
popular”, era uno de los titulares de esos días del diario El
Nacional.
Aunada a esta situación de acaparamiento, el
asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), Dennis de Jesús Villasana Montaño, por
parte de dos funcionarios de la PM, generó protestas en esta casa de
estudios.
En la primera manifestación por la muerte de
Dennis, falleció el empleado de la Facultad de Medicina de UCV,
Carlos Yépez, a consecuencia de una bala en la cabeza disparada por
otro efectivo de la PM.
La Universidad de Carabobo y la Universidad de Los
Andes se sumaron a las protestas en solidaridad por la muerte del
estudiante y del empleado de la UCV, y en rechazo al denominado
“paquetazo” de CAP.
El ministro de Educación de Pérez, Gustavo Roosen,
había anunciado que dentro de las medidas económicas de ese
gobierno estaba contemplada la privatización de la educación
superior, y que los maestros no serían beneficiados con el decreto
de aumento salarial del 30%, lo que generó también disgustos en el
gremio y un paro de 48 horas.
El Caracazo
Todo empezó el día Lunes 27 de febrero en los
alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta
Caracas-Guarenas-Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que
deseaban imponer los choferes, mucho más altas que las aprobadas por
el nuevo gobierno, y aún no publicadas en Gaceta Oficial.
Desde las 6:00 de la mañana decenas de pasajeros
decidieron tomar la avenida Lecuna, para protestar el alza, hasta la
avenida Bolívar.
A medida que pasaba la tarde, seguía aumentando el
número de personas que salían de sus casas espontáneamente para
protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos
de la ciudad se reportaban saqueos a camiones de comida y
supermercados.
La situación se agudizó con la quema de autobuses
y, en horas de la tarde, la PM ya había recibido instrucciones de
reprimir.
El ministro de Defensa del gobierno de CAP, Italo
del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto
número 49, la suspensión de las garantías constitucionales.
Los derechos a la libertad y seguridad personal, a
la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el
territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en
público y a manifestar pacíficamente estuvieron suspendidos en esos
días.
En una nota de marzo de 1989, el semanario Tribuna
Popular denunció los abusos criminales perpetrados por efectivos de
las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN): “Hechos que cabe atribuir no
ya al nerviosismo o la inexperiencia de algún recluta, sino a una
decisión de castigar de la manera más violenta a un pueblo que
protesta, legítimamente, ante una situación insostenible e
insoportable de degradación de sus niveles de vida”.
En el editorial del semanario se agregó: “No
pueden existir excusas, en un régimen que se proclama democrático,
para el ametrallamiento de edificios, bloques, ranchos y barriadas
enteras”.
Por otro lado, el editorial de Sic de abril de 1989
también describió los sucesos de entonces: “Durante la semana del
27 el pueblo actuó desarmado… La cuestión no eran los ricos sino
las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en
definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no sólo los
condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza”.
CAP refirió que el estallido social se debió a una
guerra de los pobres contra los ricos, cuando en realidad la protesta
se produjo porque el pueblo estaba pasando hambre: familias
venezolanas se alimentaban con “perrarina” y a los más pequeños
les hacían teteros con agua de espaguetis.
El editorial de la revista SIC continúa así: “Los
de mayor poder adquisitivo, sin embargo, se vieron a sí mismos como
los enemigos del pueblo: unos abandonaron inmediatamente el país, o
al menos pusieron a sus hijos a salvo, y otros se aprestaron
militarmente para la autodefensa. No hubo, claro está, ningún
ataque del pueblo, como habrían señalado altos funcionarios de
aquel gobierno.
La arremetida vino por la acción combinada de la
policía y el Ejército porque el enemigo era el pueblo. De hecho,
todos los muertos eran civiles. Se dispararon más de cuatro millones
de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino
aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran
ganas de intentarlo otra vez”, citó el editorial de Sic.
Las Víctimas
Según la cifra oficial emanada por el gobierno de
CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276
muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas
pérdidas materiales.
Sin embargo, estos números de víctimas quedaron
desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La
Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68
cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles
muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité
de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos
entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.
En esta organización no gubernamental sólo se
reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres
víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de
civiles masacrados el 27 de febrero de hace 24 años y los días que
siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000
personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle
Alliegro contaba poco más de 300.
En el libro Desaparición Forzada, sus autores,
Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por
parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que
las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana.
Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó
al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas
asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por
Cofavic.
Todavía no se conoce el número exacto de muertos,
heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989.
Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno
del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado
venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior
y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las
víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
Sin duda alguna, El Caracazo constituye el punto de
quiebre de la democracia representativa, el despertar colectivo de
conciencia de un pueblo que se ubica a sí mismo como el sujeto
protagónico de su propia historia, el Caracazo también constituye
un parto doloroso de una nueva etapa en nuestra lucha por la
emancipación patria, como decíamos al inicio, nunca más
volveríamos a ser los mismos desde ese día abrimos las grandes
alamedas de la historia y echamos a andar.
ERIKA RODRIGUEZ
MILEIDI FUENTES
FACILITADORAS
